Uno de los proyectos legislativos que se quedó en la cuneta por la convocatoria anticipada -y sorpresiva- de elecciones generales fue la llamada Ley de Familias, donde el espíritu nuclear de la norma estribaba en redefinir el concepto de «familia», y abarcar un mayor número de realidades sociales que se separaban del concepto tradicional existente. Tal circunstancia, como no puede ser de otra manera, tenía consecuencias en otros ámbitos legales: ayudas sociales, relaciones jurídicas entre sus miembros, impacto en la esfera laboral, etc.
Entre otras muchísimas cuestiones que ahí se recogían, el anteproyecto regula una serie de permisos para los trabajadores. Estos permisos laborales que inicialmente parecían haber fenecido junto a la Ley de Familias, resultaron ser una cuestión de extraordinaria y urgente necesidad, y resucitaron por obra y gracia de las facultades que tiene el Gobierno en materia legislativa -y la magia de la campaña electoral- en el Real Decreto Ley 5/2023. Así, del Consejo de Ministros se alumbró una norma que ha resultado ser una amalgama de asuntos de diversa índole y ninguna conexión entre sí, repartidos en 226 artículos y algo más de 200 folios.
